Poderes tiránicos

EL PAÍS - Opinión - 01/10/2006

Para aprovechar políticamente el miedo al terrorismo, Bush, los republicanos y muchos demócratas no han dudado en sacrificar los valores más elementales de la democracia americana aprobando una ley sobre los sospechosos de terrorismo que echa por tierra las garantías mínimas de un Estado de derecho. Faculta la detención ilimitada de los supuestos terroristas y su enjuiciamiento por comisiones militares sin derecho de apelación; deniega el principio constitucional del hábeas corpus para prevenir las detenciones ilegales; y admite pruebas secretas o declaraciones sacadas bajo lo que cualquiera, a excepción de esta ley, reconoce y llama tortura, además de proteger retroactivamente a los militares y otros agentes que la practicaron hasta 2005. Aunque acepta a regañadientes las convenciones de Ginebra sobre los derechos de los prisioneros de guerra, deja su interpretación en el caso por caso al albur del Ejecutivo. Cabe recordar que la propia Constitución americana considera que los tratados internacionales suscritos por EE UU están a su mismo nivel como ley del país.

Después de que el Tribunal Supremo desestimó las comisiones especiales por las que pasaban -sería mucho decir que eran juzgados- los presos en Guantánamo y en otros lugares y criticó el exceso del poder ejecutivo, el Congreso debía legislar. Pero no así. Probablemente, la ley acabará en el Supremo, donde es de esperar que los jueces actúen de nuevo con criterios jurídicos, obliguen a dar marcha atrás y recorten el excesivo margen de discrecionalidad del poder que la Casa Blanca se ha arrogado desde el 11 de septiembre de 2001, hasta proporcionar al presidente elegido poderes tiránicos.

Frente a lo ocurrido cuatro años atrás, esta vez muchos demócratas se han resistido, y entre los que han votado en contra en el Senado están todos los precandidatos presidenciales del partido, incluida Hillary Clinton. John McCain, presidenciable republicano torturado en Vietnam, en cambio, la ha apoyado. El cerrojo será total si los republicanos mantienen la mayoría de ambas cámaras en las elecciones legislativas del 7 de noviembre. Pero basta que pierdan el control de una de ellas para que toda la política de Bush se ponga en tela de juicio.

Nadie puede sentirse seguro con esta ley, pese a estar diseñada para "extranjeros". Tampoco -y éste ha sido un argumento de los demócratas- los civiles y militares estadounidenses fuera de su país, metidos en unas guerras en las que podrían ser tratados con una monstruosa reciprocidad en caso de ser capturados. "Estados Unidos está comprometido en la eliminación de la tortura en el mundo", afirmó Bush en 2003. En realidad, es exactamente lo contrario: la está imponiendo.

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